Origen y debate del Acuerdo de Escazú en el Perú

Abstract

El 2020 marca el inicio de la pandemia por COVID-19 y de un ambiente político polarizado en el cual estuvo inserta la ratificación del «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe», más conocido como el Acuerdo de Escazú. Este debate se produjo tanto en redes sociales como en las sesiones de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú, la que finalmente archivó el pedido del Ejecutivo de ratificación de dicho tratado internacional de derechos humanos. En el presente artículo nos centraremos en aclarar algunos de los principales argumentos producidos en el debate público sobre la conveniencia o no del Acuerdo de Escazú, desde los principios, regulaciones y prácticas del derecho internacional ambiental. Las críticas, dudas y preocupaciones hacia el acuerdo se centraron en argumentos formales y de fondo, los primeros se centraron en cómo había sido la negociación del acuerdo regional y los roles de los actores involucrados en ese proceso; y los argumentos de fondo estaban alrededor de sus fundamentos normativos, axiológicos y su posible impacto en el principio de la soberanía estatal sobre los recursos naturales. Al distinguir rigurosamente los argumentos políticos y jurídicos a favor y en contra de este tratado internacional, podremos aclarar las dudas sobre su origen y su impacto en el principio de la soberanía de los recursos naturales.

2020 marks the beginning of Covid 19 and due to a polarized political environment; in which was inserted the ratification of the “Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean”, or better known as the Escazu Agreement. This debate took place on social networks such as in the Foreign Relations Commission of Congress sessions that finally shelved the executive's request for ratification of said international human rights treaty. This article will focus on clarifying some of the main arguments produced in the public debate about the convenience or not of the Escazu Agreement, from the principles, regulations, and practices of international environmental law. Criticisms, doubts, and concerns towards the agreement focused on formal and substantive arguments. The first ones focused on how the regional agreement had been negotiated and the roles of the actors involved in that process; the underlying ideas were around its normative and axiological foundations and its possible impact on the principle of state sovereignty over natural resources. By rigorously distinguishing the political and legal arguments for and against this international treaty, we will be able to clarify doubts about its origin and its impact on the principle of sovereignty of natural resources.